El Decreto Ejecutivo Nº 363 de 13 de agosto de 2015, de Panamá, reglamenta la Ley 23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
En concreto, el decreto establece las medidas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados, que son las personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas o profesionales que pueden utilizarse para el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Las medidas de debida diligencia incluyen la identificación del cliente, la obtención de información sobre el origen de los fondos y la realización de análisis de riesgo.
El decreto también establece las obligaciones de los sujetos obligados en relación con la conservación de la información, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.
Algunos detalles adicionales sobre las medidas de debida diligencia que deben aplicar los sujetos obligados:
- Identificación del cliente
- Obtención de información sobre el origen de los fondos
- Realización de análisis de riesgo
El decreto también establece las siguientes obligaciones para los sujetos obligados:
- Conservación de la información
- Reporte de operaciones sospechosas
- Cooperación con las autoridades competentes
En resumen, el Decreto Ejecutivo Nº 363 de Panamá tiene como objetivo ser un instrumento importante para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El decreto establece medidas de debida diligencia estrictas que deben ser aplicadas por los sujetos obligados para prevenir que su actividad sea utilizada para fines ilícitos.
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