La Ley 23 del 27 de abril de 2015, sirve como un marco integral para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva en Panamá. La ley establece medidas y regulaciones específicas para prevenir estas actividades ilícitas y fortalecer el sistema financiero del país.
La ley también establece una variedad de partes obligadas, que incluyen instituciones financieras, casinos, agentes de bienes raíces y compañías de seguros, que deben implementar procedimientos sólidos de debida diligencia. Estos procedimientos implican verificar la identidad de los clientes, mantener registros actualizados, evaluar el riesgo de lavado de dinero y reportar cualquier transacción sospechosa a las autoridades pertinentes.
Una de las disposiciones clave de la Ley 23 es la creación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) como una entidad especializada responsable de recibir, analizar y difundir información relacionada con casos sospechosos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La UAF actúa como un ente centralizado para recopilar y compartir inteligencia, mejorando la capacidad de Panamá para detectar y prevenir delitos financieros.
La ley enfatiza la importancia de la cooperación internacional y proporciona mecanismos para el intercambio de información con autoridades extranjeras para combatir eficazmente las actividades ilícitas transnacionales.
Para garantizar el cumplimiento, la Ley 23 impone sanciones por el incumplimiento o violación de sus disposiciones. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensión o revocación de licencias e incluso sanciones penales en casos graves. Al implementar esta legislación, Panamá tiene como objetivo salvaguardar la integridad de su sistema financiero, protegerse contra flujos financieros ilícitos y contribuir activamente a los esfuerzos globales en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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