El 19 de septiembre de 2019 se creó el Régimen de Asociación Público-Privada (APP) con el objetivo de regular procesos para el desarrollo de proyectos de inversión. El fin de esta ley es promover el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en Panamá, ayudando al crecimiento de la economía, creación de empleos, competitividad, y mejorar las condiciones de vida de toda la población.
Aplicación de la ley 93
Esta ley aplica a las entidades del sector público no financiero, municipios, y sociedades mercantiles cuyo propietario es el estado con 51% del capital social.
No están incluidos en la ley el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Autoridad del Canal de Panamá, Caja de Seguro Social, Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorros, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional, Instituto de Seguro Agropecuario, la Superintendencia del Mercado de Valores, y la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Clasificación de las APP según su financiamiento
Autofinanciadas: todos los costos del proyecto son recuperados con los ingresos percibidos por el contratista APP.
Cofinanciadas: requiere recursos financieros del estado, ya sean transferencias, garantías, o ambas.
Contrato APP
Las APP constituyen una modalidad contractual pública de hasta 30 años prorrogables hasta por 10 años más. De acuerdo con la ley, estos son algunos de los elementos que deberá incluir el contrato APP:
- Obligaciones y derechos de las partes.
- Asignación de riesgos del proyecto.
- Obligaciones del contratista.
- Condiciones de pago al contratista.
- Mecanismos de control de cumplimento.
El Contrato APP también establece sanciones por incumplimiento, las cuales podría incluir multas pecuniarias, hasta terminación del contrato, según la gravedad de la falta.
Para conocer más detalles sobre la la Ley 93 de 2019 sobre Asociaciones Público Privadas vea aquí.
