La Ley 21 del 10 de mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y el negocio de fideicomisos y dicta otras disposiciones, es una pieza legislativa importante que tiene el potencial de hacer que la industria de fideicomisos en Panamá sea más transparente y responsable.
La ley crea un nuevo organismo regulador, la Superintendencia de Fideicomisos, para supervisar la industria de fideicomisos en Panamá. Todos los fiduciarios deben estar autorizados por la Superintendencia de Fideicomisos y deben llevar registros de todas las transacciones de fideicomiso y tener controles internos adecuados. Los fiduciarios que violen la ley pueden ser objeto de multas o penas de prisión.
La ley también incluye disposiciones que están diseñadas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por ejemplo, los fiduciarios deben realizar una debida diligencia sobre sus clientes y deben informar las transacciones sospechosas a las autoridades. La ley también exige a los fiduciarios que conserven los registros de todas las transacciones de fideicomiso durante un período de cinco años.
La Ley 21 es un paso positivo para fortalecer la industria de fideicomisos en Panamá, la cual promoverá que la industria de fideicomisos sea transparente y responsable, y ayudará a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La ley es relativamente nueva, por lo que es demasiado pronto para decir cuál será el impacto a largo plazo. Sin embargo, la ley tiene el potencial de hacer de Panamá un destino más atractivo para el negocio de fideicomisos legítimos.
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